Los mandos policiales no permitirán más «presiones» ni la utilización política de los delitos de odio

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, empleó la mañana del pasado miércoles en atacar a Vox mientras sabía que la Policía investigaba ya la posible falsedad de la denuncia por el pretendido ataque homófobo de Malasaña. No se trata, ni mucho menos, de la primera utilización política de casos policiales con fines electorales por parte de este Gobierno. Pero los mandos policiales se han cansado. El mensaje se repite en las distintas comisarías y cuenta con un tronco común: los jefes de los equipos de investigación bloquearán cualquier tipo de «presión social o política». No se aceptará ninguna insinuación para retorcer los hechos y catalogar como delito de odio lo que no lo sea. La Policía está cansada de presiones y de juicios paralelos.

Pérez de los Cobos pagó con su despido el bloqueo a la orden de teledirigir una instrucción judicial -en el caso que investigaba la celebración del 8M en plena expansión de contagios del Covid-. Todo un grupo de agentes se negaron a firmar los informes que acusaban a Cs de haber provocado y motivado los ataques que ellos mismos sufrieron en una manifestación del orgullo gay.

El execrable asesinato de Samuel fue calificado por el Gobierno como delito por homofobia y los policías se negaron a plasmar en sus informes lo que las pruebas no certificaban. El Ejecutivo pretendió quitar notoriedad a la presencia de violentos directamente relacionados con Podemos en los ataques en el mitin de Vallecas de Vox antes del 4M y la información fue comunicada por la Policía ante la evidencia de la manipulación política del caso. Distintos ministros usaron las balas recibidas por Pablo Iglesias en esa misma campaña electoral como arma política arrojadiza contra la derecha y la policía probó la inexistencia de prueba alguna en ese sentido.

Utilización política

Se trata de capítulos de una larga historia de utilización política por este Gobierno de casos de investigación policial. Pero esa historia interminable ha provocado lo contrario de lo que buscaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez: que los mandos policiales se hayan cansado de pisotones políticos y que hayan mantenido encuentros con sus agentes en los que han repetido a sus distintos equipos que en España trabajan y trabajarán sin aceptar presiones ni juicios paralelos de la opinión pública o de los políticos.

“Los mandos están garantizando la ausencia plena de condicionantes, que las presiones no serán tenidas en cuenta y que los informes y atestados plasmarán lo que la investigación y los hechos relaten”, señala una fuente policial. Traducido: las prisas de Sánchez y Marlaska por ver delitos de odio donde no los hay, chocará con la profesionalidad policial.

“No se trata de un mensaje aislado en una comisaría. Se ha ido repitiendo en los últimos tiempos a todos los equipos de investigación”, añade otra fuente.

Así ha ocurrido en el caso del falso ataque homófobo de Malasaña. Pero ocurrió igual con el asesinato de Samuel. Y con los casos que han afectado a Podemos. Donde los juicios paralelos han existido y la presión oficial a través de los mensajes públicos ha sido más que notable.

Caso Samuel

Otro de los casos más notables en los que la presión social y política se hizo evidente para calificar un asesinato como delito de odio por homofobia fue el de Samuel. Allí, un equipo de ocho profesionales formaron el núcleo duro para investigar lo ocurrido en el brutal asesinato del joven. La izquierda no dejó de pretender sentar las bases de la investigación, asegurando desde el primer momento que se trataba de un crimen por homofobia. El responsable de esa investigación dejó claro a su equipo desde el primer momento que el resultado de sus informes lo marcarían las pruebas, no las presiones, ni los mensajes políticos predeterminados. Y el grupo encargado de la investigación del crimen de Samuel concluyó que no había pruebas policiales para calificarlo como asesinato homófobo.

Ahora Marlaska ha terminado de mostrar su capacidad de usar las denuncias para sus fines políticos. El ministro mantuvo la apariencia de veracidad de la denuncia de agresión homófoba en el madrileño barrio de Malasaña pese a conocer las dudas severas de los investigadores sobre la veracidad del relato del falso agredido. Es más, no dudó en mantener la acusación de que el discurso de odio de la “ultraderecha, de Vox” era lo que había provocado el clima para ese tipo de ataques. Lo hizo pese a que contaba -porque lo había exigido él- con un sistema de información permanente con la Policía para seguir el caso al detalle y de forma instantánea. Y lo hizo pese a que los agentes encargados de la investigación le alertaron desde el martes por la tarde-noche de las dudas con respecto a la credibilidad de la denuncia.

Ahora, la Policía responde. Los mandos policiales lo hacen ante sus equipos. Y lo hacen para dejar claro que no habrá juego político en su decisiva labor investigadora.